Estimados y estimadas:
El pasado viernes 25 de mayo esta Directiva Nacional fue invitada por su Presidenta Nacional, Patricia Barba Nass, a la Asamblea Nacional de la Federación de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, realizada en Viña del Mar.
En esta Asamblea la Presidenta Nacional de la Asofumi (s) expuso a los dirigentes de todo el país el proceso y las razones por las cuales hemos entrado en conflicto con las autoridades nacionales de nuestro Ministerio, con el objetivo que ellos comprendieran nuestra postura y compartieran puntos en común, como lo son la falta de participación efectiva en los avances para la modernización del Estado y de la descentralización.
Debemos contarles que este encuentro fue muy positivo, tanto por la buena acogida, el interés demostrado en conocer nuestra posición y solidarizar con ella, en tanto también sienten que el traspaso de competencias no ha sido una decisión o solicitud surgida desde los territorios.
Nuestros colegas de los Gobiernos Regionales nos solicitaron que en virtud de compartir problemas conjuntos en lo medular, es necesario acercarnos en cada una de las regiones, tanto entre dirigentes como también en la cotidianeidad, sin descalificaciones ni rencillas históricas como pueden aún persistir en algunas partes, ya que éstas a los únicos que favorecen son a quienes nos quisieran ver divididos.
Nos parece muy legítima y loable esta petición de los colegas y esperamos que de manera progresiva vayamos haciendo esfuerzos por acercarnos mutuamente, y como dirigentes responsables, no favorecer los malos climas de convivencia. Recordemos que el blog de la Federación fue el primero que se puso a disposición nuestra para publicar el comunicado que sacáramos como Asamblea Nacional.
Muy atentamente, les saludan,
Directorio Nacional
Asociación de Funcionarios
Ministerio de Planificación
miércoles, 6 de junio de 2007
sábado, 2 de junio de 2007
MALTRATO LABORAL Y PRACTICAS ANTISINDICALES EN INSTITUCIONES PUBLICAS, CONDUCTA DE LA ELITE POLÍTICA
Documento de reflexión sobre la situación laboral de los empleados públicos en Chile, para ser presentado a la Excelentísima Presidenta de la República,
Sra. Michelle Bachelet Jeria
A) MALTRATO LABORAL
Es necesario instalar, en el debate nacional, este tema que coloca la experiencia existencial del maltrato en el escenario democrático, retratando una realidad desconocida de acoso laboral a los empleados públicos, constituyéndose en un tema político sobre la calidad y profundidad de nuestra democracia.
(Oriana Zorrilla, “Cuando el Estado castiga”, 2005)
Llama poderosamente la atención el hecho que, una tras otra, las autoridades políticas designadas por el poder central, desde la recuperación de la democracia (1990) practiquen, sucesivamente, comportamientos similares a los de la dictadura, en lo que se refiere al trato laboral.
En prácticamente todos los servicios existen quejas de maltrato a los funcionarios, ejercido por personeros que exhiben espectaculares curriculums en materia de lucha contra la dictadura y que pareciera, hoy, una vez recuperada la democracia, que todo ese esfuerzo desplegado por ellos estuvo destinado, simplemente a arrebatar el lugar de los dictadores y, así, ocupar sus puestos, no para aplicar justicia en igualdad, ni trato digno y democrático sino que para continuar con las mismas prácticas. Y lo hacen con una actitud que muchas veces frisa la hipocresía. Ello, porque es más fácil la denuncia de las brutales violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que reconocer el abuso y el maltrato laboral del Estado, en esta democracia, abuso y maltrato que tienen su génesis en la conducta de la élite política la que ha hecho suyas las prácticas de nepotismo, de clientismo y de cleptocracia, lo que se traduce, simplemente, en maltrato laboral.
Nepotismo es la exagerada preferencia que algunos dan a sus parientes y cercanos en privilegios y empleos públicos.
Clientismo es un estilo de comportamiento de la autoridad poderosa que privilegia la protección y el amparo hacia quienes se entregan a ellos, a cambio de sus servicios y de su sumisión.
Cleptocracia es un término griego compuesto de dos palabras: ladrón y mando (“mando de los ladrones”), que es una forma de gobierno conocida desde la antigüedad y que alude al elevado grado de descomposición que afecta no sólo a la administración del Estado sino que a todo un país.
Miles de funcionarios públicos de Chile, de norte a sur, pueden dar testimonio de lo anterior. En cuanto a los Gobiernos Regionales, conocemos concretamente de numerosos casos. Lo lamentable es que algunos alzan la voz, pero son los menos. En general, se sufre el maltrato y se calla, por temor a mayores represalias, al despido, al acoso y al denigramiento.
La administración publica, en Chile, sufre - con el dolor físico y psicológico de muchos de sus funcionarios – de la persistencia, en nuestro país, del perverso legado dictatorial.
El gobierno pretende el bien común. Y, es aquí donde la contradicción se hace flagrante, porque no es posible imaginar, ni aceptar, maltrato laboral en la institución cuya razón de ser es, justamente, dedicarse al logro del bien común.
La herencia que nos dejó la dictadura se manifiesta, entonces, en los rasgos autoritarios de que hacen ostentación altos personajes públicos, por lo que cuesta creer, a veces, que estemos en una verdadera democracia.
B) PRACTICAS ANTISINDICALES
La primera práctica antisindical es el despido de personal, para perjudicar al sindicato o asociación gremial.
La segunda es la oferta de mejores beneficios (aumento de grado discriminatorio, por ejemplo) sólo para algunos empleados, produciendo descontento en el resto y logrando que él (la) favorecido(a) adopte comportamientos antigremiales.
Luego vienen otras actitudes antisindicales, como:
a) las amenazas (“no te olvides que tu contrata expira el 31 de diciembre..., después veremos qué pasa contigo”). Aparece, entonces, el factor miedo, que está bastante generalizado, lo cual es una señal muy negativa para cualquier proceso modernizador del Estado.
b) el hostigamiento, el cual se enfoca, con particular énfasis, en los dirigentes gremiales. Es común la práctica del cambio de funciones de los dirigentes, con la finalidad de ejercer, sobre ellos, una presión psicológica que los incite a renunciar a la dirigencia y al empleo.
c) el aislamiento de los dirigentes y de las asociaciones gremiales en decisiones corporativas que afectan directamente, como personas y como funcionarios, a las bases, excluyendo e ignorando a la dirigencia de las conversaciones y mesas de trabajo donde, por derecho propio, deberían participar en la defensa de sus miembros.
d) la negativa injustificada de recibir a los dirigentes gremiales.
e) la práctica de entorpecer o impedir la libertad de opinión de los miembros del gremio.
PROPUESTA
El Gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachellet debería poner en marcha una mesa de trabajo en la que deberían participar, por regiones, Intendente, Gobernadores, Seremis y Jefes de Servicios, conjuntamente con los dirigentes de las asociaciones gremiales de cada estamento, destinada a la elaboración de un nuevo Código de Buenas Prácticas Laborales Amplio el cual, a diferencia del primero, no se limite al tema género, sino que abarque todo el espectro de las relaciones laborales, poniendo mayor énfasis en lo aquí tratado, es decir, en el maltrato laboral y las prácticas antisindicales.
A dichas mesas de trabajo (15) se les podría otorgar un plazo de 3 meses para presentar, a la Presidenta, una propuesta por Región.
La Presidenta, a su vez, recibidas las 15 propuestas, podría tratarlas en su reunión mensual de Intendentes, o bien con su Consejo de Ministros, o con el estamento que ella considere más adecuado, a la cual se invitaría a la directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Gobiernos Regionales (FENAFGORE), instancia que materializaría el documento final.
Rubén D. Loyer L.
45) 208646
09-8181712
Sra. Michelle Bachelet Jeria
A) MALTRATO LABORAL
Es necesario instalar, en el debate nacional, este tema que coloca la experiencia existencial del maltrato en el escenario democrático, retratando una realidad desconocida de acoso laboral a los empleados públicos, constituyéndose en un tema político sobre la calidad y profundidad de nuestra democracia.
(Oriana Zorrilla, “Cuando el Estado castiga”, 2005)
Llama poderosamente la atención el hecho que, una tras otra, las autoridades políticas designadas por el poder central, desde la recuperación de la democracia (1990) practiquen, sucesivamente, comportamientos similares a los de la dictadura, en lo que se refiere al trato laboral.
En prácticamente todos los servicios existen quejas de maltrato a los funcionarios, ejercido por personeros que exhiben espectaculares curriculums en materia de lucha contra la dictadura y que pareciera, hoy, una vez recuperada la democracia, que todo ese esfuerzo desplegado por ellos estuvo destinado, simplemente a arrebatar el lugar de los dictadores y, así, ocupar sus puestos, no para aplicar justicia en igualdad, ni trato digno y democrático sino que para continuar con las mismas prácticas. Y lo hacen con una actitud que muchas veces frisa la hipocresía. Ello, porque es más fácil la denuncia de las brutales violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que reconocer el abuso y el maltrato laboral del Estado, en esta democracia, abuso y maltrato que tienen su génesis en la conducta de la élite política la que ha hecho suyas las prácticas de nepotismo, de clientismo y de cleptocracia, lo que se traduce, simplemente, en maltrato laboral.
Nepotismo es la exagerada preferencia que algunos dan a sus parientes y cercanos en privilegios y empleos públicos.
Clientismo es un estilo de comportamiento de la autoridad poderosa que privilegia la protección y el amparo hacia quienes se entregan a ellos, a cambio de sus servicios y de su sumisión.
Cleptocracia es un término griego compuesto de dos palabras: ladrón y mando (“mando de los ladrones”), que es una forma de gobierno conocida desde la antigüedad y que alude al elevado grado de descomposición que afecta no sólo a la administración del Estado sino que a todo un país.
Miles de funcionarios públicos de Chile, de norte a sur, pueden dar testimonio de lo anterior. En cuanto a los Gobiernos Regionales, conocemos concretamente de numerosos casos. Lo lamentable es que algunos alzan la voz, pero son los menos. En general, se sufre el maltrato y se calla, por temor a mayores represalias, al despido, al acoso y al denigramiento.
La administración publica, en Chile, sufre - con el dolor físico y psicológico de muchos de sus funcionarios – de la persistencia, en nuestro país, del perverso legado dictatorial.
El gobierno pretende el bien común. Y, es aquí donde la contradicción se hace flagrante, porque no es posible imaginar, ni aceptar, maltrato laboral en la institución cuya razón de ser es, justamente, dedicarse al logro del bien común.
La herencia que nos dejó la dictadura se manifiesta, entonces, en los rasgos autoritarios de que hacen ostentación altos personajes públicos, por lo que cuesta creer, a veces, que estemos en una verdadera democracia.
B) PRACTICAS ANTISINDICALES
La primera práctica antisindical es el despido de personal, para perjudicar al sindicato o asociación gremial.
La segunda es la oferta de mejores beneficios (aumento de grado discriminatorio, por ejemplo) sólo para algunos empleados, produciendo descontento en el resto y logrando que él (la) favorecido(a) adopte comportamientos antigremiales.
Luego vienen otras actitudes antisindicales, como:
a) las amenazas (“no te olvides que tu contrata expira el 31 de diciembre..., después veremos qué pasa contigo”). Aparece, entonces, el factor miedo, que está bastante generalizado, lo cual es una señal muy negativa para cualquier proceso modernizador del Estado.
b) el hostigamiento, el cual se enfoca, con particular énfasis, en los dirigentes gremiales. Es común la práctica del cambio de funciones de los dirigentes, con la finalidad de ejercer, sobre ellos, una presión psicológica que los incite a renunciar a la dirigencia y al empleo.
c) el aislamiento de los dirigentes y de las asociaciones gremiales en decisiones corporativas que afectan directamente, como personas y como funcionarios, a las bases, excluyendo e ignorando a la dirigencia de las conversaciones y mesas de trabajo donde, por derecho propio, deberían participar en la defensa de sus miembros.
d) la negativa injustificada de recibir a los dirigentes gremiales.
e) la práctica de entorpecer o impedir la libertad de opinión de los miembros del gremio.
PROPUESTA
El Gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachellet debería poner en marcha una mesa de trabajo en la que deberían participar, por regiones, Intendente, Gobernadores, Seremis y Jefes de Servicios, conjuntamente con los dirigentes de las asociaciones gremiales de cada estamento, destinada a la elaboración de un nuevo Código de Buenas Prácticas Laborales Amplio el cual, a diferencia del primero, no se limite al tema género, sino que abarque todo el espectro de las relaciones laborales, poniendo mayor énfasis en lo aquí tratado, es decir, en el maltrato laboral y las prácticas antisindicales.
A dichas mesas de trabajo (15) se les podría otorgar un plazo de 3 meses para presentar, a la Presidenta, una propuesta por Región.
La Presidenta, a su vez, recibidas las 15 propuestas, podría tratarlas en su reunión mensual de Intendentes, o bien con su Consejo de Ministros, o con el estamento que ella considere más adecuado, a la cual se invitaría a la directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Gobiernos Regionales (FENAFGORE), instancia que materializaría el documento final.
Rubén D. Loyer L.
45) 208646
09-8181712
martes, 15 de mayo de 2007
Declaración pública de la Asociación Nacional de Funcionarios de MIDEPLAN
COMUNICADO DE PRENSA
A LAS AUTORIDADES DEL PAÍS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
En consideración a lo expresado reiteradamente por la Sra. Presidenta de la República respecto a que: “el proceso de Modernización del Estado tenía como principal objetivo la descentralización y un desarrollo más equitativo del país a partir del fortalecimiento del desarrollo de las regiones; y que dicho proceso se realizaría dentro del marco legal del Estado, con transparencia y participación de todos los involucrados”; la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) expone a la opinión pública que:
1. Las autoridades de MIDEPLAN han anunciado un proyecto de ley destinado a rediseñar al Ministerio y en regiones a las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación (SERPLAC), transfiriendo algunas de sus competencias a otras entidades públicas.
2. El propósito declarado por las autoridades consistiría en concentrar el quehacer de MIDEPLAN exclusivamente en las tareas asociadas al Sistema de Protección Social.
3. Es menester señalar que más del 95% de las iniciativas de inversión pública elaboradas por los Gobiernos Regionales y por el Gobierno Central a través de sus Ministerios sectoriales, después de ser evaluadas técnica y socialmente por MIDEPLAN, corresponden a obras de infraestructura con un claro sentido social. La evaluación favorable se traduce en la asignación de recursos para hospitales, consultorios, escuelas, caminos, seguridad ciudadana, obras comunitarias, servicios básicos y otros; es decir, proyectos de carácter 100% social.
4. Siempre le ha correspondido a MIDEPLAN asumir una gestión de primera línea en la planificación de las políticas públicas orientadas al desarrollo social. A su vez las SERPLAC realizan importantes funciones aportando al desarrollo regional y comunal a través de propuestas, información, estudios técnicos, elaboración de diversos instrumentos de planificación regional y principalmente de articulación de diversos actores públicos y privados.
A más de un año de la actual administración, se constata lo siguiente:
1. Que el MIDEPLAN decidió elaborar un rediseño que implica modificar las actuales funciones, para abordar un nuevo sistema de protección social, el que hasta el momento no se ha definido, ni en su concepto, ni en su operación.
2. Por lo tanto, existen estudios realizados por consultores destinados a modificar la Ley de MIDEPLAN, cuyos contenidos son desconocidos absolutamente por todos los funcionarios del Ministerio.
3. Que por la vía de un decreto exento MIDEPLAN ha aprobado un Convenio suscrito con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y el que se encuentra en pleno desarrollo. Tal instrumento traspasa a los Gobiernos Regionales la principal función y la razón de ser del Ministerio: la de Planificación; situación que consta, no cuenta con la aprobación del 100% de las autoridades regionales, como son los Intendentes, Ejecutivos de los Gobiernos Regionales; de los Consejeros Regionales y funcionarios de dichos organismos.
4. Por otra parte esta decisión tampoco consideró la opinión de los funcionarios de las distintas oficinas regionales así como tampoco la opinión de la Asociación de Funcionarios del Ministerio que en reiteradas veces efectuó consultas al respecto.
5. Esta situación vulnera totalmente los Artículos 67 y 107 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional por cuanto aún no se ha aprobado en el Parlamento la reforma al artículo 114 de a Constitución Política del Estado que facultaría al Presidente de la República para que por la vía de un Decreto, traspase competencias desde los ministerios a los Gobiernos.
6. Lo anterior implica que por un simple mecanismo administrativo se estaría redefiniendo funciones que conforme al ejercicio de la ley competen a un determinado Ministerio, sin que previamente sea el Parlamento en el pleno ejercicio de la democracia el que determine las modificaciones a la institucionalidad pública.
La Asamblea Nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Planificación reunida en Santiago los días 10 y 11 de mayo mantuvo reuniones separadas con el Sr.Subsecretario de MIDEPLAN y también con un representante de la SUBDERE. Conjuntamente, el Jefe de la División Regional de esta cartera ha estado sosteniendo con los funcionarios diversas reuniones en todas las regiones del país. Todos estos encuentros se orientan a solicitar información detallada del proceso de traspaso de competencias en pos de la descentralización y de sus implicancias. A partir de los antecedentes disponibles los dirigentes nacionales y regionales nos hacemos un deber en protestar públicamente por lo siguiente:
1. Por la permanente desinformación, falta de transparencia, la nula participación efectiva de los funcionarios y sus dirigentes, por la contradicción evidente entre las distintas versiones de las autoridades de MIDEPLAN y la SUBDERE, por la permanente falta de respuestas satisfactorias a las distintas consultas e inquietudes de los funcionarios.
2. Por el uso de mecanismos administrativos, que al menos, parecen cuestionables.
Por años los trabajadores y trabajadoras de MIDEPLAN han aportado al desarrollo del país y de sus regiones en temas asociados a la preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, lo que ha significado un uso eficiente de los recursos de todos los chilenos, focalizando la inversión en aquellas localidades y personas que más lo necesitan; con equidad y responsabilidad social.
Con el objetivo de focalizar los programas y subsidios sociales de manera más justa hacia los sectores y hogares más pobres del país, este Ministerio ha sido y es responsable de disponer de información a partir de instrumentos sobre la realidad socioeconómica, tales como la Ficha CAS, hoy Ficha de Protección Social recientemente concluida. Asimismo, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) permite elaborar diagnósticos y evaluar los programas y los resultados de la política social. La Encuesta CASEN además es ampliamente utilizada por otros Ministerios y Servicios Públicos para el diseño y evaluación de sus políticas y programas.
Por otra parte, el quehacer de MIDEPLAN vinculado a la evaluación de la inversión pública y a la disponibilidad de información socioeconómica, ha permitido elaborar y coordinar procesos de planificación no sólo destinados al diseño de planes dirigidos hacia los grupos vulnerables, sino que también le corresponde la elaboración de instrumentos de planificación del desarrollo nacional y regional, en materia de ordenamiento territorial, tales como la participación directa e indirecta en la elaboración de Estrategias Regionales de Desarrollo, Planes de Desarrollo Comunal, Planes Regionales de Gobierno, Planes de Zonificación de Zonas Costera y otros, orientando así el desarrollo comunal, regional y nacional.
Para quienes trabajamos en este Ministerio el proceder de nuestras autoridades en orden a realizar una reingeniería a la esencia de su misión, transfiriendo para ello funciones estratégicas, nos obliga a manifestar nuestra más enérgica protesta ante la falta de información, de transparencia, de reconocimiento y de respeto; procedimientos que han implicado una fuerte desmotivación y confusión en el desempeño profesional.
Ante estas medidas adoptadas por las máximas autoridades del país solicitamos detener este proceso u otro que impliquen traspaso o modificación de cualquier función legalmente definida en la ley vigente de MIDEPLAN, exigiendo participación efectiva, transparencia, consideración y respeto a los derechos de los trabajadores, tal cual lo ha comprometido taxativamente S.E. la Presidenta de la República con la ANEF y ratificado por ella a su Presidente don Raúl de la Puente, en el reciente acto de Aniversario de la Asociación Sindical Fiscal.
Agradecemos al mismo tiempo el apoyo informativo otorgado por la Presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales y al Presidente de ANEF por las gestiones que se encuentra realizando con algunas autoridades del país.
Agradecemos a todos los medios de comunicación hacer público este comunicado.
A nombre del Directorio Nacional y de la Asamblea Nacional de Presidentes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Planificación, suscribe,
DELIA ARNERIC ALVAREZ
Secretaria General
Presidenta Nacional (s)
RUT. 6.334.693-4
A LAS AUTORIDADES DEL PAÍS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
En consideración a lo expresado reiteradamente por la Sra. Presidenta de la República respecto a que: “el proceso de Modernización del Estado tenía como principal objetivo la descentralización y un desarrollo más equitativo del país a partir del fortalecimiento del desarrollo de las regiones; y que dicho proceso se realizaría dentro del marco legal del Estado, con transparencia y participación de todos los involucrados”; la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) expone a la opinión pública que:
1. Las autoridades de MIDEPLAN han anunciado un proyecto de ley destinado a rediseñar al Ministerio y en regiones a las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación (SERPLAC), transfiriendo algunas de sus competencias a otras entidades públicas.
2. El propósito declarado por las autoridades consistiría en concentrar el quehacer de MIDEPLAN exclusivamente en las tareas asociadas al Sistema de Protección Social.
3. Es menester señalar que más del 95% de las iniciativas de inversión pública elaboradas por los Gobiernos Regionales y por el Gobierno Central a través de sus Ministerios sectoriales, después de ser evaluadas técnica y socialmente por MIDEPLAN, corresponden a obras de infraestructura con un claro sentido social. La evaluación favorable se traduce en la asignación de recursos para hospitales, consultorios, escuelas, caminos, seguridad ciudadana, obras comunitarias, servicios básicos y otros; es decir, proyectos de carácter 100% social.
4. Siempre le ha correspondido a MIDEPLAN asumir una gestión de primera línea en la planificación de las políticas públicas orientadas al desarrollo social. A su vez las SERPLAC realizan importantes funciones aportando al desarrollo regional y comunal a través de propuestas, información, estudios técnicos, elaboración de diversos instrumentos de planificación regional y principalmente de articulación de diversos actores públicos y privados.
A más de un año de la actual administración, se constata lo siguiente:
1. Que el MIDEPLAN decidió elaborar un rediseño que implica modificar las actuales funciones, para abordar un nuevo sistema de protección social, el que hasta el momento no se ha definido, ni en su concepto, ni en su operación.
2. Por lo tanto, existen estudios realizados por consultores destinados a modificar la Ley de MIDEPLAN, cuyos contenidos son desconocidos absolutamente por todos los funcionarios del Ministerio.
3. Que por la vía de un decreto exento MIDEPLAN ha aprobado un Convenio suscrito con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y el que se encuentra en pleno desarrollo. Tal instrumento traspasa a los Gobiernos Regionales la principal función y la razón de ser del Ministerio: la de Planificación; situación que consta, no cuenta con la aprobación del 100% de las autoridades regionales, como son los Intendentes, Ejecutivos de los Gobiernos Regionales; de los Consejeros Regionales y funcionarios de dichos organismos.
4. Por otra parte esta decisión tampoco consideró la opinión de los funcionarios de las distintas oficinas regionales así como tampoco la opinión de la Asociación de Funcionarios del Ministerio que en reiteradas veces efectuó consultas al respecto.
5. Esta situación vulnera totalmente los Artículos 67 y 107 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional por cuanto aún no se ha aprobado en el Parlamento la reforma al artículo 114 de a Constitución Política del Estado que facultaría al Presidente de la República para que por la vía de un Decreto, traspase competencias desde los ministerios a los Gobiernos.
6. Lo anterior implica que por un simple mecanismo administrativo se estaría redefiniendo funciones que conforme al ejercicio de la ley competen a un determinado Ministerio, sin que previamente sea el Parlamento en el pleno ejercicio de la democracia el que determine las modificaciones a la institucionalidad pública.
La Asamblea Nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Planificación reunida en Santiago los días 10 y 11 de mayo mantuvo reuniones separadas con el Sr.Subsecretario de MIDEPLAN y también con un representante de la SUBDERE. Conjuntamente, el Jefe de la División Regional de esta cartera ha estado sosteniendo con los funcionarios diversas reuniones en todas las regiones del país. Todos estos encuentros se orientan a solicitar información detallada del proceso de traspaso de competencias en pos de la descentralización y de sus implicancias. A partir de los antecedentes disponibles los dirigentes nacionales y regionales nos hacemos un deber en protestar públicamente por lo siguiente:
1. Por la permanente desinformación, falta de transparencia, la nula participación efectiva de los funcionarios y sus dirigentes, por la contradicción evidente entre las distintas versiones de las autoridades de MIDEPLAN y la SUBDERE, por la permanente falta de respuestas satisfactorias a las distintas consultas e inquietudes de los funcionarios.
2. Por el uso de mecanismos administrativos, que al menos, parecen cuestionables.
Por años los trabajadores y trabajadoras de MIDEPLAN han aportado al desarrollo del país y de sus regiones en temas asociados a la preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, lo que ha significado un uso eficiente de los recursos de todos los chilenos, focalizando la inversión en aquellas localidades y personas que más lo necesitan; con equidad y responsabilidad social.
Con el objetivo de focalizar los programas y subsidios sociales de manera más justa hacia los sectores y hogares más pobres del país, este Ministerio ha sido y es responsable de disponer de información a partir de instrumentos sobre la realidad socioeconómica, tales como la Ficha CAS, hoy Ficha de Protección Social recientemente concluida. Asimismo, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) permite elaborar diagnósticos y evaluar los programas y los resultados de la política social. La Encuesta CASEN además es ampliamente utilizada por otros Ministerios y Servicios Públicos para el diseño y evaluación de sus políticas y programas.
Por otra parte, el quehacer de MIDEPLAN vinculado a la evaluación de la inversión pública y a la disponibilidad de información socioeconómica, ha permitido elaborar y coordinar procesos de planificación no sólo destinados al diseño de planes dirigidos hacia los grupos vulnerables, sino que también le corresponde la elaboración de instrumentos de planificación del desarrollo nacional y regional, en materia de ordenamiento territorial, tales como la participación directa e indirecta en la elaboración de Estrategias Regionales de Desarrollo, Planes de Desarrollo Comunal, Planes Regionales de Gobierno, Planes de Zonificación de Zonas Costera y otros, orientando así el desarrollo comunal, regional y nacional.
Para quienes trabajamos en este Ministerio el proceder de nuestras autoridades en orden a realizar una reingeniería a la esencia de su misión, transfiriendo para ello funciones estratégicas, nos obliga a manifestar nuestra más enérgica protesta ante la falta de información, de transparencia, de reconocimiento y de respeto; procedimientos que han implicado una fuerte desmotivación y confusión en el desempeño profesional.
Ante estas medidas adoptadas por las máximas autoridades del país solicitamos detener este proceso u otro que impliquen traspaso o modificación de cualquier función legalmente definida en la ley vigente de MIDEPLAN, exigiendo participación efectiva, transparencia, consideración y respeto a los derechos de los trabajadores, tal cual lo ha comprometido taxativamente S.E. la Presidenta de la República con la ANEF y ratificado por ella a su Presidente don Raúl de la Puente, en el reciente acto de Aniversario de la Asociación Sindical Fiscal.
Agradecemos al mismo tiempo el apoyo informativo otorgado por la Presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales y al Presidente de ANEF por las gestiones que se encuentra realizando con algunas autoridades del país.
Agradecemos a todos los medios de comunicación hacer público este comunicado.
A nombre del Directorio Nacional y de la Asamblea Nacional de Presidentes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Planificación, suscribe,
DELIA ARNERIC ALVAREZ
Secretaria General
Presidenta Nacional (s)
RUT. 6.334.693-4
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