PROPUESTA AL GOBIERNO CENTRAL POR FENAFGORE

EN RELACION A LA SITUACION CONTRACTUAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOGOBIERNOS REGIONALES A NIVEL NACIONAL



DOCUMENTO PARA SER PRESENTADO A LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
SEÑORA MICHELLE BACHELET

marzo 2007

INDICE
Introducción
1.- Antecedentes
2.- Funciones propias de los Gobiernos Regionales en el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional Nº 19.175
3.- Funciones nuevas agregadas a los Gobiernos Regionales en el marco de la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional (ley Nº 20.035)
4.- Funciones nuevas entregadas a los Gobiernos Regionales por la vía administrativa en el marco del convenio MIDEPLAN – SUBDERE.
5.- Función propia y permanente de los Gobiernos Regionales en relación a la ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
6.- Los recursos del FNDR administrados por los Gobiernos Regionales
7.- Dotación de funcionarios de los Gobiernos Regionales
8.- La responsabilidad en la administración financiera de los recursos del FNDR de los funcionarios de los Gobiernos Regionales
9.- La eficacia en el gasto del FNDR por parte de los Gobiernos Regionales
10.- Las gestiones realizadas por FENAFGORE ante el gobierno central y parlamentarios en relación a los funcionarios de los Gobiernos regionales.
11.- Propuesta de la Federación Nacional de Asociaciones de funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAFGORE) al Gobierno Central.
11.1.- Aplicar el principio de igualdad remuneracional en los funcionarios que se desempeñan en los Gobiernos regionales
11.2.- Más recursos humanos
11.3.- Más fortalecimiento de los recursos humanos
11.4.- Más seguridad en los cargos
11.5.- Más ecuanimidad en la evaluación de los funcionarios
12.- Propuesta de acción en el corto plazo
ANEXO Nº 1: Compromisos del Gobierno Chileno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en materia de fortalecimiento en el marco del Convenio de Préstamo de diciembre del 2006.
1. Fortalecimiento de la gestión de las entidades subnacionales mediante sistemas de acreditación e incentivos.
2.- financiamiento del diseño de modelos de gestión territorial y apoyo a proyectos de inversión surgidos a partir de la implementación de estos modelos
3. Apoyo a la transferencia de competencias
ANEXO Nº 2: Personalidades que han tomado conocimiento de nuestras demandas.


Introducción

El Estado chileno ha funcionado dentro de una tradición centralista, manteniendo un fuerte control de la administración pública territorial por vía de los ministerios y demás dependencias del gobierno central. Aún en los últimos veinte años, cuando la mayoría de los países latinoamericanos se comprometieron con grandes procesos de descentralización del Estado, en Chile los cambios fueron mucho más cautelosos, orientados más hacia la desconcentración del aparato central a través de Secretarias Regionales Ministeriales, que la descentralización propiamente del poder a gobiernos subnacionales. Desde comienzos de los 90, este cuadro ha empezado a cambiar muy gradual y cautelosamente, con esfuerzos más sistemáticos por profundizar el proceso de descentralización del Estado. En los últimos quince años se democratizó la elección de autoridades locales, se crearon los Gobiernos Regionales, se duplicaron los recursos de inversiones para ellos, se fortaleció la infraestructura social y se conectó al país con una red de infraestructura y comunicaciones. Como resultado, en la actualidad Chile se encuentra en un nivel intermedio de descentralización comparado con países desarrollados y del resto de América Latina , reflejando una naturaleza más desconcentradora que descentralizadora de este proceso.

En referencia a lo anterior y haciendo una especie de recuento señalamos que cuando el Estado de Chile, creó el Servicio Público Descentralizado denominado “Gobierno Regional” estaba pensando que la labor del Gobierno estaría mas cerca de la gente y que la solución a sus problemas serían mas rápida y eficiente, estaba en lo cierto, por cuanto su labor desde su inicio, ha estado destinada a la solución de los problemas de cada región, lo que solo se da en los países desarrollados.

Como Chile es un país de tradiciones, la creación de un Servicio Público descentralizado con tanta responsabilidad como de ser garante del desarrollo de cada región y por lo tanto del país, no se creyó, quizás, que éstos lograrían ganarse los espacios que les correspondía, situación que en este momento, como todos sabemos, no ha ocurrido, toda vez que los Gobiernos Regionales están liderando todo el proceso de desarrollo regional en todos sus ámbitos.

Uno de los principios básicos de cada Gobierno Regional es lograr el desarrollo armónico y equitativo del territorio regional en los aspectos sociales, culturales y económicos, preservando y mejorando el medio ambiente con una efectiva participación de la Comunidad Regional.

Lo mencionado en el párrafo anterior, debe ser desarrollado por los estamentos Profesional y Técnico, con el apoyo de los estamentos Administrativo y Auxiliares del Servicio Administrativo del Gobierno Regional, es decir, sus funcionarios deben liderar las acciones y tomar decisiones de gran trascendencia en todos los ámbitos de las regiones.

1.- Antecedentes

Las plantas de personal de los Gobiernos Regionales se encuentran fijadas por la Ley Nº 19.379, esta ley fue modificada con la ley Nº 20035, en su artículo 2 que en lo sustancial, incluyò en cada uno de los Gobiernos Regionales, un cargo de jefe de división grado 4º y cuatro profesionales, entre los grados 4º y 7º.

La composición y número de cargos de las plantas de los Gobiernos Regionales en el anteproyecto presentado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) fue definida de acuerdo a estudios preliminares, tomando en cuenta la estructuración territorial de las regiones, lo cual en su conjunto implicaba una planta de los Gobiernos Regionales de sobre 1000 funcionarios; esta cifra fue reducida sustancialmente en su momento, tanto en el número de cargos como en grados de remuneraciones, por criterio del Ministerio de Hacienda antes de ser enviada al Congreso para su tramitación.

En el contexto señalado por el Ministerio de Hacienda, en orden a que los costos de implementación de las plantas de los Gobiernos Regionales fuera el menor posible, la propuesta del ejecutivo (validada por el Congreso Nacional), consideró que un total de 457 de los 759 funcionarios que contemplaban en el total de las plantas, fueran provistos mediante el traspaso de personal desde otras instituciones de la Administración, como por ejemplo CORFO, funcionarios que han manteniendo las remuneraciones de su servicio original.

Lo anterior implicó restringir la posibilidad de los Gobiernos Regionales de dotarse de personal en base a un proceso de selección dirigido a obtener un recurso humano calificado para la funciones a desarrollar, debiendo por tanto implementar sus tareas con parte de un personal que no contó con la necesaria habilitación técnica que demandaban las especiales responsabilidades de tales instituciones.

2.- Funciones propias de los Gobiernos Regionales en el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional Nº 19.175

Se señalan aquí las funciones y atribuciones propias que la ley original estableció para a los Gobiernos Regionales.

Artículo 16.- Serán funciones generales del Gobierno Regional:

a) Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación.

b) Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan de acuerdo al artículo 74 de esta ley, en conformidad con la normativa aplicable;

c) Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional, que contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación;

d) Dictar normas de carácter general para regular las materias de su competencia, con sujeción a las disposiciones legales y a los decretos supremos reglamentarios, las que estarán sujetas al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y se publicarán en el Diario Oficial;

e) Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente en la formulación de sus planes y programas de desarrollo;

f) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes;

g) Participar en acciones de cooperación internacional en la región, dentro de los marcos establecidos por los tratados y convenios que el Gobierno de Chile celebre al efecto y en conformidad a los procedimientos regulados en la legislación respectiva;

h) Ejercer las competencias que le sean transferidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de esta ley;

i) Mantener relación permanente con el gobierno nacional y sus distintos organismos, a fin de armonizar el ejercicio de sus respectivas funciones, y

Artículo 17.- Serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial:

a) Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales correspondientes;

b) Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región;

c) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la región, con sujeción a las normas legales y decretos supremos reglamentarios que rijan la materia;

d) Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios en materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en la región, cumpliendo las normas de los convenios internacionales respectivos, y coordinar con otros Gobiernos Regionales el transporte interregional, aplicando para ello las políticas nacionales en la materia, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las municipalidades;

e) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y social, y

f) Proponer a la autoridad competente la localidad en que deberán radicarse las secretarías regionales ministeriales y las direcciones regionales de los servicios públicos, sin perjuicio de los traslados transitorios a otras localidades de la región.

Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a) Contribuir a la formulación de las políticas nacionales de fomento productivo, de asistencia técnica y de capacitación laboral, desde el punto de vista de cada región, y desarrollar y aplicar las políticas nacionales así definidas en el ámbito regional;

b) Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose especialmente por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando a los entes públicos competentes y concertando acciones con el sector privado en los estamentos que corresponda;

c) Promover la investigación científica y tecnológica y preocuparse por el desarrollo de la educación superior y técnica en la región, y

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales.

Artículo 19.- En materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional:

a) Establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia;

b) Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva en lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreación y asistencia judicial;

c) Determinar la pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social que se efectúen en conformidad a la normativa aplicable;

d) Distribuir entre las municipalidades de la región los recursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les otorgue la ley;

e) Realizar estudios relacionados con las condiciones, nivel y calidad de vida de los habitantes de la región, y

f) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales, y velar por la protección y el desarrollo de las etnias originarias.

Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus funciones, el gobierno regional tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales que le encomienden las leyes, no pudiendo establecer en ellas, para el ejercicio de actividades, requisitos adicionales a los previstos por las respectivas leyes y los reglamentos supremos que las complementen;

b) Adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos, conforme a lo dispuesto por la ley;

c) Convenir, con los ministerios, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de conformidad con el artículo 81;

d) Disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto;

e) Aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia regional de desarrollo;

f) Aprobar los planes regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, y los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a lo establecido en los párrafos segundo y tercero de la letra c) del artículo 36;

g) Formular y priorizar proyectos de infraestructura social básica y evaluar programas, cuando corresponda;

h) Proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas sociales, de acuerdo con la normativa nacional correspondiente, e

i) Aplicar, dentro de los marcos que señale la ley respectiva, tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional y se destinen al financiamiento de obras de desarrollo regional.

Artículo 21.- Los órganos y servicios de la Administración Pública Nacional, las empresas en que tenga intervención el Fisco por aportes de capital y los servicios públicos, deberán informar oportunamente a los Gobiernos Regionales acerca de las proposiciones de planes, programas y proyectos que vayan a ejecutar en la región.

Los municipios deberán enviar a los Gobiernos Regionales, para su conocimiento, sus planes de desarrollo, sus políticas de prestación de servicios, sus políticas y proyectos de inversión, sus presupuestos y los de sus servicios traspasados. Igualmente, deberán enviarles, dentro de 30 días de aprobada, cualquier modificación que experimenten dichos presupuestos.

3.- Funciones nuevas agregadas a los Gobiernos Regionales en el marco de la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional (ley Nº 20.035)

La modificación de la Ley orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional (19.175) a través de la Ley 20.035 de julio del año 2005, incorporó las siguientes funciones a los Gobiernos Regionales:

• En el artículo 16 letra j) el “Construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas, con cargo a los fondos que al efecto le asigne la Ley de Presupuestos. Para el cumplimiento de esta función, el gobierno regional podrá celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado, a fin de contar con el respaldo técnico necesario”.

• En los artículo 71 al 73, la obligatoriedad de los Gobiernos Regionales de formular el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) y el Programa Público de inversiones en la Región (PROPIR), con la colaboración de los Ministerios y Servicios Públicos presentes en la Región. A está exigencia legal por la vía administrativa se les exige que además realicen el seguimiento trimestral de los compromisos asumidos en el PROPIR por todas las instancias Públicas

• Asimismo, en los artículos mencionados se le señala al Intendente la Obligatoriedad de realizar las “Cuentas Públicas”, de modo tal de mantener informada a la ciudadanía.

4.- Funciones nuevas entregadas a los Gobiernos Regionales por la vía administrativa en el marco del convenio MIDEPLAN – SUBDERE.

A las anteriores exigencias que se le hacen a los Gobiernos Regionales por la vía legal (Ley 19.175), se le agregan las últimas exigencias en materia de planificación que el nivel central, sea dicho SUBDERE, está exigiendo a los Gobiernos Regionales, de acuerdo al documento “Apoyo al fortalecimiento de los Gobiernos Regionales mediante la ampliación de dotación e incorporación de nuevas capacidades técnicas” de marzo del presente año.

Este documento señala que los Gobiernos Regionales han de presentar proyectos para fortalecer los procesos de planificación regional y ejecución presupuestaria del FNDR, señalándose a la letra, lo siguiente:

PROCESO DE PLANIFICACION: que abarca desde la:
• constitución de una visión de región,
• la actualización de las Estrategias Regionales de Desarrollo,
• la formulación de planes plurianuales,
• la programación estratégica de la inversión regional,
• la generación de convenios de programación,
• hasta la coordinación estratégica de la inversión pública regional.

PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, abarca desde:
• la disponibilidad de carteras de proyectos, y
• la identificación de las iniciativas de inversión que surgen del proceso de planificación hasta su ejecución.

El documento mencionado, señala que ambos procesos son esenciales para promover el desarrollo de las regiones y que ambos presentan importantes cuellos de botella, reconociendo que se hace necesario que los Gobiernos Regionales deban asumir estas tareas, distinguiendo que, en el caso de la Planificación Regional, corresponde a un proceso de instalación a partir del traspaso de la competencia sectorial y que, en el de la ejecución presupuestaria, corresponde fortalecer las funciones regionales tradicionales.

Para mayor abundamiento, se señala que se hace necesario desde el nivel central el instalar un nuevo modelo institucional que incluye el proceso de transferencia de competencias , el que, en una primera etapa, considera el traspaso de las competencias en materias de planificación regional al gobierno regional, el que progresivamente asumirá también, competencias en materia de ordenamiento territorial.

Se detecta desde el gobierno central que es fundamental dotar a la institucionalidad regional descentralizada de competencias en materias de Planificación Regional y Ordenamiento de su Territorio, las que se entienden como ámbitos claves para constituir al Gobierno Regional en el principal motor y gestor del desarrollo de la región. En materia de planificación, el Gobierno Regional deberá asumir, en plenitud, todas aquellas funciones y tareas que la Ley de Orgánica de Gobierno y Administración Regional (19.175) le asigna y que, históricamente ha asumido la SERPLAC, en subsidio de una estructura inadecuada de los Gobiernos Regionales. En materias de ordenamiento territorial el esfuerzo fundamental apunta a dotar al Gobierno Regional de las funciones y atribuciones requeridas para regular el uso del suelo en su territorio.

Se señala que para concretar el traspaso de competencias en materia de planificación y ordenamiento territorial, la SUBDERE se encuentra realizando tres conjuntos de acciones complementarias:

a) Convenio con el Ministerio de Planificación para el traspaso de competencias de planificación.

b) Negociación y establecimiento de acuerdos técnicos con el Ministerio de Vivienda para iniciar el traspaso de competencias en materia de ordenamiento territorial. En etapas posteriores implicará también establecer acuerdos con otros organismos sectoriales con atribuciones en temas de ordenamiento.

c) Provisión de nuevos cargos profesionales orientados al desarrollo de las funciones de planificación.

La ejecución del convenio con MIDEPLAN implica:

• MIDEPLAN en conjunto con la SUBDERE diseñarán el plan de fortalecimiento para los Gobiernos Regionales y su implementación.

• SUBDERE establecerá un mecanismo de acreditación con el fin de asegurar la capacidad de los Gobiernos Regionales para ejercer las nuevas funciones de planificación transferidas, una vez provistos los nuevos cargos y realizadas las capacitaciones y otras acciones de fortalecimientos pertinentes.

• MIDEPLAN en conjunto con la SUBDERE monitorearán el avance del proceso sugiriendo las medidas correctivas necesarias con el fin de realizar una acción más eficiente.

Chile ha consagrado en el tiempo diversos instrumentos normativos para la planificación del territorio, cuyo objeto es realizar una prospectiva para ir ajustando diversas políticas y planes según sea la realidad de cada uno de los territorios. En el nivel regional uno de estos instrumentos es la Estrategia Regional de Desarrollo y en el nivel comunal el Plan de Desarrollo Comunal. Hasta la fecha, la función de asesorar en la elaboración y desarrollo metodológico de estos instrumentos ha sido competencia de las Secretarios Regionales Ministeriales de Planificación en cada una de las regiones.

La planificación del territorio y de las regiones es más que la sola elaboración de la Estrategia; involucra, además, la adecuación de las políticas públicas a las características propias de cada una de las regiones y sus comunas, así como también el desarrollo de análisis y elaboración de planes propios, tales como los de inversiones (convenios de programación) y el apoyo a la coordinación de inversión regional.

El tipo de capacidades que es preciso instalar al interior de los Gobiernos Regionales responde a la necesidad de realizar tareas tales como:

• Actualizar la Estrategia Regional de Desarrollo
• Desarrollar políticas públicas regionales para distintas áreas del desarrollo regional, en coordinación con los sectores, tales como, fomento productivo y económico, social y cultural, educación, salud, transporte e infraestructura.
• Formular planes y programas de inversión en función de la ERD y políticas regionales.
• Realizar estudios de la realidad social y económica de la región con el fin de contar con instrumentos válidos para la toma de decisiones de las autoridades competentes.
• Realizar evaluaciones periódicas de las políticas públicas implementadas.
• Aplicar instrumentos de planificación física y del desarrollo del territorio.
• Preparar informes de impacto de la inversión publica regional.
• Coordinar la institucionalidad pública en función de las políticas regionales y nacionales sobre diversas materias de desarrollo regional y evaluar su aplicación en el territorio.
• Asesorar a los municipios en la elaboración de políticas de prestación de servicios municipales.
• Articular fuentes de financiamiento regional y nacional con las necesidades de los municipios, mediante convenios de programación u otros.
• Mantener actualizada la información sobre proyectos de inversión y fichas con información comunal relevante.
• Apoyar los procesos y programas de innovación en los municipios.
• Asesorar a los municipios en la elaboración de sus planes y programas de inversión y el desarrollo de orientaciones en fomento productivo y desarrollo social.
• Asesorar a los municipios en la identificación de ideas de proyectos y programas de inversión de relevancia.
• Apoyar a los municipios en la elaboración e implementación de programas de participación ciudadana.
• Elaborar y coordinar los planes y programas de inversión regional y sectorial (ARI-PROPIR)

5.- Función propia y permanente de los Gobiernos Regionales en relación a la ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Los recursos que administran los niveles subnacionales han aumentado significativamente durante los últimos años. Prueba de esto es el caso del FNDR cuyo presupuesto se ha más que duplicado durante los últimos 6 años, pasando de US$140 mil millones en el 2000, a US$370 mil millones en el 2006 y, por ende, aumentando sustantivamente su participación en la inversión pública. Sin embargo, este aumento en el volumen de recursos no fue debidamente complementado con una mayor capacidad de gestión por parte de los Gobiernos Regionales. Así, por ejemplo, la planta de recursos humanos de los Gobiernos Regionales se ha mantenido relativamente estable desde su creación en 1993, pasando de un promedio de 60 funcionarios por región, a un promedio de 73 en el presente. A esto se suma que dos tercios de estos cargos fueron creados a partir del traslado de funcionarios de otros servicios públicos, en muchos casos con especializaciones no aptas para las funciones requeridas en los Gobiernos Regionales .

Desde su creación los Gobiernos Regionales han tenido esta función, generándose con ello una gran carga de trabajo para los funcionarios que no es homologables con otras reparticiones públicas que realizan su labor con recursos públicos de inversión.. Cabe hacer mención sobre este punto que por efecto de la meta presidencial del 42% del Presidente Frei y del 50% del Presidente Lagos en términos de aumentar los recursos de Inversión Regional (IDR), gran parte de los recursos que administraban Servicios Sectoriales fueron traspasado a los Gobiernos Regionales, entre ellos hay que destacar: Caminos Secundario, Parques Urbanos, Aguas Lluvias, lo cual aliviano la responsabilidad de los sectores recargando la responsabilidad con estos recursos en los Gobiernos Regionales.

Se muestra a continuación un flujograma de los proyectos que son financiados por el FNDR, de su sola lectura y análisis es posible vislumbrar la responsabilidad de su administración, desde la etapa de selección de proyectos hasta la devolución de las garantías por buena ejecución de las obras por parte de los contratistas, recorriendo así gran parte del flujo con la responsabilidad de los Gobiernos Regionales y por ende, de los funcionarios que allí laboran.

6.- Los recursos del FNDR administrados por los Gobiernos Regionales

Los recursos administrados por los Gobiernos Regionales, han sufrido las siguientes variaciones (progresivamente en alza), de acuerdo al espíritu descentralizador de los Gobiernos Regionales, que han redundado en una mayor responsabilidad y carga de trabajo, puesto que son estas instancias públicas las que han de hacer más eficaz el uso de estos recursos.


Presupuesto Ejecutado del FNDR 2000 – 2006
por los Gobiernos Regionales
Año Presupuesto ejecutado en M$
2000 157.941.324
2001 179.999.499
2002 186.518.844
2003 198.699.000
2004 257.377.468
2005 251.719.541
2006 280.479.418

Cabe señalar que el presupuesto ejecutado no es lo mismo que el presupuesto para un determinado año, esto debido al hecho que los presupuesto de los Gobiernos Regionales son motivo de continuas modificaciones que realiza el nivel central, esto es Dirección de Presupuestos (DIPRES) y SUBDERE, por ello que las cifras aquí presentadas no son homologables entre ellas, pero son completamente validas.

7.- Dotación de funcionarios de los Gobiernos Regionales

Para cumplir la ejecución del gasto del FNDR y además todas las otras funciones traspasadas por la vía legal y administrativa a los Gobiernos Regionales, la dotación de personal a nivel nacional por regiones, es la siguiente, al año 2006:

Dotación de funcionarios de los Gobiernos regionales en el año 2006
Región Directivos Profesionales Técnicos Administrativos Auxiliares Total
Tarapacá 8 30 2 15 9 64
Antofagasta 10 24 6 18 5 63
Atacama 6 35 4 22 9 76
Coquimbo 10 29 4 11 11 65
Valparaíso 11 41 3 21 10 86
O”Higgins 7 23 3 17 9 59
Maule 12 23 2 25 9 71
Bio Bio 9 38 2 20 9 78
Araucania 10 32 3 10 8 63
Los Lagos 11 43 5 19 6 84
Aysén 14 18 5 20 9 66
Magallanes 14 18 5 20 9 66
Metropolitana 6 43 16 36 17 118
Total 128 397 60 254 120 959
Fuente: “Propuesta de Estimulo al Desempeño de los funcionarios de los Gobiernos regionales” Octubre 2006, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. Sobre la base de la información proveniente de los Departamentos de Recursos Humanos de los Gobiernos Regionales y procesada por el Departamento de Finanzas de la Subsecretaria.


8.- La responsabilidad en la administración financiera de los recursos del FNDR de los funcionarios de los Gobiernos Regionales

A continuación se muestran dos cuadros que comparan los recursos que hipotéticamente administran financieramente cada funcionario de los Servicios Públicos analizados, esto es para señalar la responsabilidad que estos tienen con los recursos públicos, el primer cuadro señala la cantidad de miles de pesos que administra cada funcionario de cada uno de los Gobiernos Regionales. El segundo cuadro da muestra de los recursos que administran otras reparticiones públicas y que sirve para reflejar la responsabilidad y la diferencia que existen entre unos y otros

Relación del Presupuesto total que administran en promedio los funcionarios de los Gobiernos Regionales
Región Presupuesto Programa Funcionamiento en M$ Presupuesto programa Inversiones (incluye provisiones) en M$ - junio 2006 Presupuesto Total M$ Dotación de Funcionarios M$ del presupuesto por funcionario
Tarapacá 1.561.780 15.619.210 17.180.990 64 268.453
Antofagasta 1.228.549 20.109.892 21.338.441 63 338.705
Atacama 1.266.305 13.240.368 14.506.673 76 190.877
Coquimbo 1.315.771 24.825.627 26.141.398 65 402.175
Valparaíso 1.659.981 21.501.203 23.161.184 86 269.316
O”Higgins 1.143.078 15.775.054 16.918.132 59 286.748
Maule 1.235.491 24.730.165 25.965.656 71 365.713
Bio Bio 1.581.893 46.660.536 48.242.429 78 618.493
Araucania 1.328.525 24.114.118 25.442.643 63 403.851
Los Lagos 1.976.722 33.237.680 35.214.402 84 419.219
Aysén 1.402.873 11.486.416 12.889.289 66 195.292
Magallanes 1.338.285 20.625.732 21.964.017 66 332.788
Metropolitana 1.876.017 47.806.982 49.682.999 118 421.042
Total Nacional 18.915.270 319.732.983 338.648.253 959 353.126
Fuente: Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2006

Relación del Presupuesto total que administran en promedio los funcionarios de diferentes instituciones públicas

Servicio o Ministerio Presupuesto total Funcionarios M$ del presupuesto por funcionario
Gendarmería 122.151.869 12.728 9.597
JUNJI 55.006.397 5.512 9.979
Dirección del Trabajo 25.355.677 1.998 12.691
SS Salud Metro Central 50.776.489 3.987 12.736
Súper de Quiebras 944.421 74 12.762
Instituto Nacional de Hidráulica 727.584 51 14.266
SRCI 39.665.628 2.780 14.268
Dirección Arquitectura 5.524.720 381 14.501
Tesorerías 20.464.551 1.341 15.261
SS Salud Maule 63.289.746 4.061 15.585
ISP 9.592.808 602 15.935
SS Salud concepción 50.461.170 3.164 15.949
SS Salud Viña del Mar 51.548.791 3.118 16.533
SS Salud Atacama 20.551.536 1.186 17.328
Parque metropolitano 6.878.597 393 17.503
SERNAGEOMIN 5.303.615 303 17.504
SS Salud Arica 15.000.980 834 17.987
Dirección general de Aguas 7.025.404 388 18.107
SS Salud Osorno 19.149.560 1.019 18.793
SII 68.815.717 3.651 18.848
SS Salud Iquique 18.533.445 964 19.226
Aduanas 27.811.283 1.365 20.375
SML 9.075.500 428 21.204
Superintendencia de Seguridad social 4.558.163 210 21.706
CONAMA 8.988.094 397 22.640
DIPRES 4.795.412 205 23.392
Superintendencia valores y seguros 6.979.481 286 24.404
INJ 2.344.670 96 24.424
SAG 41.561.625 1.680 24.739
COCHILCO 2.382.812 96 24.821
Superintendencia Salud 5.810.705 223 26.057
Subsecretaria Bienes Nacionales 11.634.248 425 27.375
Superintendencia de electricidad y combustibles 4.883.776 173 28.230
Superintendencia Servicios Sanitarios 4.603.115 157 29.319
Subsecretaria telecomunicaciones 7.037.150 228 30.865
Superintendencia Casinos de juegos 927.626 30 30.921
Subsecretaria Redes Asistenciales 4.180.970 129 32.411
Subsecretaria Salud 94.793.964 2.820 33.615
Dirección de proyectos urbanos 1.540.517 42 36.679
Subsecretaria Vivienda 31.030.950 844 36.767
CNR 3.312.728 89 37.222
SERCOTEC 8.641.199 232 37.247
SERNAM 10.997.070 292 37.661
Subsecretaria de Planificación 23.785.849 555 42.857
Dirección de Aeropuertos 7.761.321 172 45.124
DICREP 17.091.699 347 49.256
Defensoria Penal Pública 29.719.174 599 49.615
Dirección Nacional del Servicio. Civil 3.340.291 64 52.192
Instituto Nacional del deporte 27.342.500 507 53.930
Consejo de las artes y la cultura 12.911.371 234 55.177
Consejo Nacional de TV 2.367.673 39 60.710
Superintendencia de Bancos y Financieras 10.692.708 174 61.452
Dirección Obras Hidráulicas 37.978.427 571 66.512
Subsecretaria Educación 138.964.344 2.010 69.136
Dirección de Obras Portuarias 15.536.690 223 69.671
INDAP 108.457.885 1.385 78.309
SENAMA 4.536.570 56 81.010
Servicio Nacional de Pesca 4.945.108 56 88.306
SENCE 29.830.551 327 91.225
Dirección de Vialidad 430.854.880 4.580 94.073
Chile compra 4.761.670 45 105.815
FOSIS 38.352.821 356 107.733
CONADI 29.663.547 255 116.328
CONAF 27.567.797 214 128.821
SERVIU Atacama 8.870.583 51 173.933
SERVIU Antofagasta 15.074.423 86 175.284
SERVIU Aysén 9.071.459 50 181.429
SERVIU Magallanes 10.026.459 55 182.299
Subsecretaria de pesca 12.672.976 67 189.149
SERVIU Valparaíso 41.377.992 204 202.833
SENAME 60.021.330 266 225.644
SERVIU Tarapacá 21.314.734 91 234.228
SERVIU Metropolitana 143.050.085 582 245.791
SERVIU Coquimbo 23.331.161 91 256.386
SERVIU Araucania 29.662.794 111 267.232
JUNAEB 107.615.484 400 269.039
SERVIU Los Lagos 36.666.977 129 284.240
SERVIU Bio Bio 63.269.331 222 284.997
SERVIU O"Higgins 27.069.980 84 322.262
SERVIU Maule 34.696.976 100 346.970
CONICYT 63.768.742 176 362.322
Fuente: Ley de Presupuestos del sector Público, año 2006

Comparando la situación de los Gobiernos Regionales con otras reparticiones públicas queda de manifiesto que son los Gobiernos Regionales quienes tienen las mayores responsabilidades en términos de monto a administrar con el “agravante” que ellos son recursos de Inversión y que por ello, deben de materializarse en obras físicas tomado fuerza lo señalado en puntos anteriores en términos del flujograma del FNDR.

Se hace esta comparación, ya que los servicios públicos que tienen recursos similares a administrar por funcionario a los Gobiernos Regionales, solo administran recursos de transferencias corrientes, lo que significa que trabajan con subsidios, créditos que entregan directamente a las personas, sin responsabilizarse del buen uso de ellos finalmente y por otra parte, las instituciones que trabajan con transferencias de capital (como los SERVIU), entrega los recursos a otros para que finalmente se materialicen en obras físicas, sin tener ellos la responsabilidad final.

9.- La eficacia en el gasto del FNDR por parte de los Gobiernos Regionales

A continuación se muestra un cuadro que señala la eficacia del gasto del FNDR a nivel nacional. Cabe señalar que son los Gobiernos Regionales, las únicas instituciones públicas que son medidas a través de este indicador, no existiendo este para las restantes instituciones públicas. Es la SUBDERE y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) quienes lo realizan, entregándose en cada Consejo de Intendentes el indicador mes a mes, lo que permite a estas instituciones hacer los ajustes necesarios en los presupuestos para llegar a alcanzar estos niveles de eficacia.

Este hecho que puede aparecer discriminador con los Gobiernos Regionales marca la diferencia de estos con el resto de la Institucionalidad pública, hecho que entendemos plenamente.

Eficacia del gasto del FNDR
Año Eficacia del Gasto FNDR (promedio nacional)
2000 99.6
2001 99.7
2002 99.9
2003 99.7
2004 98.6
2005 98.2
2006 98.8
Fuente: Subsecretaria de Desarrollo Regional, 2007

10.- Las gestiones realizadas por FENAFGORE ante el gobierno central y parlamentarios en relación a los funcionarios de los Gobiernos regionales.

El 4 de Julio del 2005, la directiva de la FENAFGORE tuvo audiencia con la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, específicamente con los señores: Luís Angulo, Jacqueline Haddad y Tito Zapata. El 8 de julio se hizo entrega a SUBDERE del estudio “Nivelación de Remuneraciones de los Gobiernos Regionales” señalándose en esa oportunidad que se emitiría en el plazo de 1 semana un informe jurídico de respuesta. Tal compromiso no se cumplió, en vista de lo cual esta Federación opto por enviar carta al Presidente de la República, Sr. Ricardo Lagos, quien nuevamente nos derivo a la Subsecretaria de Desarrollo Regional para que se nos recibiera.

En 30 de Noviembre del 2005 en audiencia sostenida con la ex Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Sra. Adriana Del piano, expusimos nuestro estudio el cual ya había sido entregado en julio a sus asesores legales para efectuar las observaciones pertinentes, reafirmando las planteamientos de la justificación en derecho, la subsecretaria consideró que era justa nuestra petición y que nos apoyaría con la elaboración de un anteproyecto de ley antes de abandonar su cargo con motivo del cambio de gobierno.

El 18 Enero del 2006, fuimos citados por el ex ministro del Interior, Sr. Francisco Vidal, quien reafirmó lo ofrecido por la Subsecretaria y comprometió la entrega al nuevo Ministro del Interior del ante-proyecto, el que sería enviado al Ministerio de Hacienda.

Asimismo, todas las directivas de las Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos regionales de todo el país, entregaron a la candidata presidencial Sra. Michelle Bachelet al petitorio de las reinvidicaciones de los funcionarios. La Sra. Bachelet hizo recepción de este petitorio, comprometiéndose a darle solución una vez que ella asumiera la presidencia de la República.

La nueva Administración de gobierno, entrego a FANAFGORE en octubre del 2006 una contrapropuesta a la petición entregada en el mes de julio del 2005, la cual descontextualiza el objeto de la presentación realizada, orientadola a una nueva batería de metas por cumplir, las cuales no fueron especificadas. Ante está respuesta, FANAFGORE, solicitó en diciembre una audiencia con la Subsecretaria Serrano, reiterando la petición en enero de este año; la solicitud de audiencia, no se ha materializado hasta ahora.

En octubre del 2006, en asamblea nacional de FENAFGORE realizada en Pichilemu, la Sra. Serrano se comprometió a invitarnos a participar y exponer en el Consejo de Intendentes del mes de enero del 2007 nuestra situación. Está invitación hasta ahora no se ha concretado.

A consecuencia de lo anterior, FENAFGORE decidió enviar una carta explicando esta situación a la Sra. Presidenta de la República quien derivo la carta a sus asesores directos.

Paralelamente, la directiva de FENAFGORE ha establecido conversaciones con las Comisiones de Hacienda e Interior del Senado, quienes nos han ofrecido su completo respaldo a las demandas de los funcionarios .

11.- Propuesta de la Federación Nacional de Asociaciones de funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAFGORE) al Gobierno Central.

Los Gobiernos de la Concertación han entregado una muestra explicita de confianza a los Gobiernos Regionales, que en lo concreto se ha traducido en un constante incremento de los recursos de inversión que estos administran, así como de las responsabilidades crecientes en materias del desarrollo regional.

El indicador para medir la eficacia del gasto de los recursos del FNDR, no se utiliza en ninguna otra repartición pública (sean estas que manejen recursos para iniciativas de inversión, transferencias corrientes o transferencias de capital) . Cabe señalar que este indicador ha sido en los últimos siete años (2000 – 2006) en promedio nacional de sobre el 98% .

En el contexto actual de hacer eficiente el gasto público (en un marco de expansión presupuestaria creciente del sector público), se hace necesario fortalecer integralmente las capacidades del recurso humano para avanzar hacia el estadio deseado para los Gobiernos Regionales.

La propuesta de la FENAFGORE apunta a generar las condiciones en los Gobiernos Regionales que permitan eficientizar el gasto del FNDR y asumir las nuevas funciones y atribuciones que por ley y actos administrativos se le entregan a estos, con la eficiencia que sea necesaria.

Dado lo señalado, las comunidades regionales focalizan en los Gobiernos Regionales sus expectativas de desarrollo, frente a lo cual estos no se encuentran preparados en términos de cantidad y calidad de sus recursos humanos . Esto tiene como raíz de problema, la falta de recursos humanos, incentivos remuneracionales e instancias de fortalecimiento de ellos.

En consecuencia, solicitamos al Gobierno Central:
• Aplicar el principio de igualdad remuneracionales en el personal que trabaja en los Gobiernos regionales.
• Mas recursos humanos
• Mas fortalecimiento de los recursos humanos
• Mas seguridad en los cargos.

11.1.- Aplicar el principio de igualdad remuneracional en los funcionarios que se desempeñan en los Gobiernos regionales

FENAFGORE, ha realizado una compilación de todas las planillas de remuneraciones de los Gobiernos Regionales en junio del 2006, la cual se comparo con la planilla de sueldos de CORFO actualizada al año 2005, realizado el análisis se logro establecer que en promedio los funcionarios de los servicios administrativos de los Gobiernos Regionales, tienen una menor remuneración que los funcionarios provenientes de la CORFO, que alcanzan a un 30% de diferencia.

11.2.- Más recursos humanos

Tal como se ha señalado se le entregan más y más funciones a los gobiernos regionales, hecho que se asemeja a lo sufrido tiempo atrás por los municipios, quienes reclamaban que se le entregaban funciones pero no así los recursos para poder cumplirlos, lo cual fue solucionado vía modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esto es lo que está ocurriendo en la actualidad con los Gobiernos Regionales y solicitamos por tanto, al Gobierno central que de cuenta de esto, ya que de no asumirlo se tendrá en el corto plazo una demanda de la ciudadanía regional que no podrá ser contenida por los Gobiernos Regionales, a modo de ejemplo, se encuentra la función de conservación, reposición, construcción y administración de las vías urbanas, la cual si no es cumplida puede derivar en una creciente demanda judicial hacia los Gobiernos Regionales, que puede redundar en una merma creciente de sus recursos o de su patrimonio propio.

11.3.- Más fortalecimiento de los recursos humanos

El fortalecimiento de los recursos humanos de los Gobiernos Regionales necesariamente pasa por conocer en detalle las gestiones necesarias a realizar para cumplir las nuevas funciones que se han asignado a los Gobiernos Regionales y en hacer más eficiente el gasto del FNDR.

Para lo anterior, se solicitan mayores recursos financieros que permitan este fortalecimiento, el que debe de traducirse en incentivos para la profesionalización del personal, para la capacitación en temas emergentes y funciones traspasadas, así como el conocimiento de experiencias nacionales e internacionales en este ámbito de administración subnacional.

11.4.- Más seguridad en los cargos

Se solicita hacer las adecuaciones estatutarias a fin que los funcionarios de carrera (planta o contrata) tengan estabilidad en sus cargos y que ellos no dependan de la decisión coyuntural de la autoridad política (Intendente)

11.5.- Más ecuanimidad en la evaluación de los funcionarios

Se solicita que el gobierno central establezca una nueva forma de evaluación de los funcionarios que tome en consideración metas de desempeño individuales asociados a indicadores de gestión (trabajo por objetivos).

12.- Propuesta de acción en el corto plazo

Para abordar las reivindicaciones de los funcionarios en el contexto del proceso de descentralización en el que se encuentra inmerso el Gobierno, se hace necesario establecer una mesa multisectorial que el gobierno determine y entre los cuales necesariamente han de estar: FENAFGORE y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) a fin de abordar estos y otros temas que se pudieran presentar. La constitución de esta mesa es imprescindible para solventar y satisfacer lo antes señalado.

Las demandas señaladas se encuentran enfocadas a cumplir cabalmente lo que señala la Ley respecto a ellos y que queda claramente demostrado en el programa de préstamo que el Gobierno Central acaba de refrendar con el Banco interamericano de Desarrollo y que a continuación transcribimos detalladamente.

ANEXO Nº 1: Compromisos del Gobierno Chileno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en materia de fortalecimiento en el marco del Convenio de Préstamo de diciembre del 2006.

1. Fortalecimiento de la gestión de las entidades subnacionales mediante sistemas de acreditación e incentivos.

1.1 La generación de capacidades sostenibles de gestión a nivel subnacional es uno de los pilares para que un proceso de descentralización se apuntale no sólo en el otorgamiento de nuevas competencias sino en que puedan ser efectiva y eficientemente ejercidas. La generación de capacidades institucionales a nivel subnacional se ancla en dos pivotes. Por un lado, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de incentivos y “homologación” que permita documentar y legitimar articuladamente el buen gobierno en la región y, por el otro, en la identificación y mejoramiento de los procesos críticos de gestión a nivel subnacional. Así, el objetivo de esta área de acción es mejorar la calidad de la gestión subnacional, con énfasis en el gobierno regional, mediante la introducción de estándares e incentivos que promuevan dinámicas innovadoras en los procesos relevantes de la gestión .

1.2 El gobierno y el Banco han identificado como posibles dimensiones de gestión subnacional susceptibles de acreditación las siguientes: Gestión o gobernabilidad Territorial, Gestión Financiera, Gestión de Programas y Proyectos, y Gestión Institucional. El modelo de acreditación, en el contexto del ordenamiento jurídico chileno, debe involucrar a los siguientes actores:
(i) municipios, donde el foco podría colocarse en la gestión financiera, la gestión institucional y la gestión de proyectos;
(ii) los Gobiernos Regionales, donde el foco del sistema estaría en la gestión institucional, en la gestión territorial y la gestión de proyectos;
(iii) las intendencias y gobernaciones, donde el foco estaría en la gestión institucional; y
(iv) los órganos desconcentrados donde el foco estaría en la gestión territorial.
El modelo de acreditación debe:
(a) identificar la instancia institucional que permita garantizar ecuanimidad en la información que se utiliza para la evaluación de la gestión de las instituciones y funciones subnacionales, así como la independencia, transparencia y credibilidad del proceso de acreditación;
(b) elaborar y desarrollar metodologías e indicadores que mejor reflejen gobernabilidad, eficacia y eficiencia; y
(c) definir estándares , metas y medios de verificación para la evaluación de la gestión de instituciones y funciones subnacionales.

1.3. La existencia de incentivos al buen desempeño de la institucionalidad subnacional es un requisito fundamental para el éxito del sistema de la introducción de mejoras continuas a la gestión buscando la excelencia. En base a lo anterior, en el diseño del modelo de acreditación deberán analizarse las alternativas de incentivos, para luego evaluar la relevancia que cada una de estas alternativas pueda tener para los distintos organismos de los niveles subnacionales y los .métodos de evaluación propuestos. Esta área de acción se desarrollará alrededor de tres grupos de actividades:
(i) el diseño e instalación de los sistemas de acreditación e incentivos;
(ii) el diseño e implantación de los planes de fortalecimiento para el mejoramiento de la gestión y la construcción de capacidades institucionales; y
(iii) el fortalecimiento institucional básico (operativo mientras entra en funcionamiento el sistema de acreditación).

1.4 En el primer grupo de actividades se realizaría:
(i) elaboración de la matriz de instituciones y dimensiones de gestión;
(ii) identificación de los procesos relevantes;
(iii) diseño de requisitos técnicos/indicadores/estándares (resultados esperados);
(iv) diseño e implementación del Sistema de Incentivos en un marco de gradualidad y mejoramiento continuo;
(v) diseño de la metodología de diagnóstico para la determinación de brechas de capacidades y competencias de las instituciones comparando su gestión actual y el desarrollo deseado de los procesos críticos;
(vi) diseño de la metodología de evaluación (auditorias) para la acreditación;
(vii) diseño de la estructura institucional y operativa del Sistema de Acreditación y del Sistema de incentivos identificando las entidades y sus roles (por ejemplo, entidades reguladoras, acreditadoras, implementadoras) y la modalidad operacional de éstos, atendiendo a que los sistemas de acreditación e incentivos que se diseñen en el marco de este Programa deben ser complementarios a los vigentes ;
(viii) apoyo para la instalación de los sistemas de acreditación y de incentivos en sus aspectos normativos, institucionales, operativos y de formación de capacidades;
(ix) diseño e implementación de un sistema de calificación de riesgo financiero de los municipios considerando la transición hacia calificación externa privada; y
(x) diseñar y proponer incentivos de flexibilidad financiera, autorización para leasing, leaseback y anticipos, entre otros.

1.5 En el segundo grupo de actividades se realizará:
(i) elaboración del diagnóstico para la determinación de brechas que las instituciones verifican en los procesos relevantes de acuerdo a los indicadores y estándares establecidos;
(ii) formulación de planes de fortalecimiento para la eliminación de brechas (según la situación particular, estos planes comprenderán acciones dirigidas a re-ingeniería de procesos, automatización de procesos —desarrollo de sistemas de información para la gestión -, instalación y mejoramiento de procedimientos, instalación y mejoramiento de instrumentos, instalación y reforzamiento de los actores en el desarrollo de su rol y tareas, construcción y reforzamiento de capacidades institucionales, contratación de personal calificado);
(iii) implementación de los planes de fortalecimiento para la eliminación de brechas;
(iv) ejecución de las evaluaciones o auditorias para la acreditación;
(v) recursos para el financiamiento de incentivos tales como reconocimiento a la labor realizada, traspaso de competencias, flexibilidad administrativa, financiamiento de programas y proyectos institucionales, incentivos salariales, entre otros.

1.6 El tercer grupo de actividades responde a la necesidad de flexibilizar el otorgamiento de recursos para el fortalecimiento de la gestión en el nivel subnacional previo a la instalación en régimen de los sistemas de acreditación e incentivos. Los requerimientos de fortalecimiento pueden emanar de los Gobiernos Regionales, Gobernaciones y Municipios y de la propia SUBDERE, en el marco de los avances del diseño de los sistemas descritos. Entre las acciones a realizar están:
(i)diseño de criterios de elegibilidad de asignación de recursos para el fortalecimiento institucional básico y de metodología de recepción de solicitudes por parte de los actores públicos beneficiarios;
(ii) elaboración de solicitudes, según pautas preestablecidas, de acciones de fortalecimiento institucional por parte de los Gobiernos Regionales, Gobernaciones y Municipalidades;
(iii) evaluación de solicitudes por parte de SUBDERE y DIPRES;
(iv) establecimiento de convenios de trabajo con las Municipalidades, Gobernaciones y Gobiernos Regionales; e
(v) implementación, seguimiento y evaluación de las acciones de fortalecimiento institucional.

2.- financiamiento del diseño de modelos de gestión territorial y apoyo a proyectos de inversión surgidos a partir de la implementación de estos modelos

2.1 Los incipientes avances en la instalación de la gestión territorial, han comenzado a crear demandas y expectativas —de parte de los gobiernos regionales y municipalidades— por implantar más amplia y sistemáticamente modelos de gestión territorial. Esta área de acción debe posibilitar la inducción, dentro del ordenamiento jurídico institucional vigente, de innovaciones en los modelos de gestión territoriales con participación ciudadana y servir de incentivo para apoyar aquellas regiones que fomenten prácticas de mejora de sus procesos y que puedan ser acompañados por instrumentos de gestión territorial participativa. Además, este componente debe apoyar aquellos proyectos que promuevan la identidad regional toda vez que es a través de iniciativas concretas que ésta se hace realidad.

2.2 En síntesis esta línea de acción se propone como objetivo incentivar y apoyar a los Gobiernos Regionales en el diseño e implantación de modelos y prácticas innovadoras de gestión y proyectos de inversión con enfoque de desarrollo territorial.

Específicamente, se incorporarían actividades en tres grandes grupos de actividades:
(i) de diseño y experimentación de modelos de gestión territorial;
(ii) proyectos para fortalecer la identidad regional; y
(iii) proyectos de inversión identificados mediante modelos de gestión territorial.

2.3 Específicamente en el primer grupo de actividades se realizarán las siguientes acciones:
(i) programas de formación de capacidades para la gestión del desarrollo territorial local y regional;
(ii) apoyo de iniciativas innovadoras de incorporación del enfoque territorial con participación ciudadana en la gestión de gobiernos subnacionales;
(iii) estudios de análisis y evaluación de las experiencias nacionales e internacionales de gestión territorial y participación ciudadana;
(iv) diseño, adecuación o mejoramiento de instrumentos para la implementación de modelos de gestión territorial y participación ciudadana;
(v) diseño, instalación y apoyo de proyectos de incorporación de tecnologías de información y comunicación vinculadas al modelo de gestión territorial; e
(vi) incorporación en los modelos de gestión de instrumentos de planificación y gestión ambiental así como de uso del suelo y de los recursos naturales.

2.4 En el segundo grupo se contemplarían los siguientes tipos de acción:
(i) apoyo a la elaboración de programas y estrategias de fortalecimiento de la identidad regional;
(ii) apoyo de actividades que promocionen una identificación regional, tales como festivales regionales, fiestas ciudadanas, expresiones regionales itinerantes por el territorio, fortalecimiento de los medios de comunicación regionales, entre otras; y
(iii) estudios e investigaciones, sobre identidad regional (tales como diseño y elaboración de materiales educativos vinculados a la historia, geografía y otras dimisiones de la identidad cultural de la región; pensamiento de la región; debates regionales, etc.)

2.5 Finalmente, en el tercer grupo de actividades se creará un mecanismo de incentivo y apoyo a proyectos de inversión identificados mediante modelos de gestión territorial. Estos proyectos abarcarán inversiones en las áreas de inversión del FNDR, con un enfoque de desarrollo territorial integral.

Al igual que en los anteriores programas de financiamiento del Banco con el FNDR, los mecanismos operativos para la preparación y evaluación de los proyectos de inversión propuestos para el Programa son los desarrollados por el Sistema Nacional de Inversiones (SNI). Este Sistema cuenta con :

(i) manuales metodológicos de preparación y análisis de proyectos de inversión;
(ii) un Banco Integrado de Proyectos (BIP) de cobertura nacional;
(iii) entidades de ámbito nacional y regional para la coordinación interinstitucional; y
(iv) una masa crítica de profesionales capacitados. Evaluaciones anteriores del SNI y del ciclo de proyectos han concluido que el sistema funciona bien como un filtro técnico, y que produce una cartera de proyectos que son ejecutados y operados satisfactoriamente .
2.6 Para cada uno de los sectores de inversión el SNI ha establecido normas de análisis económico, basado en metodologías de evaluación costo-beneficio (con VAN y TIR social) o criterios de costo-eficiencia, según el sector. Para proyectos territoriales integrados se contemplaría aplicar las mismas metodologías sectoriales (sumando los resultados de todas las intervenciones sectoriales del proyecto).

3. Apoyo a la transferencia de competencias

3.1 Existe consenso, por una parte, que la transferencia de competencias a los niveles subnacionales es un eje fundamental para la descentralización del país y, por otra, a que es un proceso muy complejo que involucra dimensiones políticas, institucionales y técnicas. El modelo conceptual sobre el que se asienta el sistema de reparto o de atribución de competencias a las Regiones tiene dos elementos principales: la función y la atribución. El análisis realizado detectó una falta de consistencia entre las funciones, atribuciones y recursos de ciertas competencias asignadas a los Gobiernos Regionales.

3.2. En este contexto, el objetivo de esta línea de acción es perfeccionar las competencias de los Gobiernos Regionales, así como preparar y empezar a ejecutar la transferencia de nuevas competencias a los gobiernos subnacionales que fueran aprobadas por las instancias correspondientes en forma articulada con el desarrollo de los sistemas de acreditación e incentivo de la gestión de los gobiernos subnacionales. Las actividades de esta tercera línea de acción se configuran en torno a cuatro grandes grupos de actividades:
(i) revisión del marco normativo e institucional relacionado con el perfeccionamiento de competencias transferidas y apoyo a la implantación de soluciones;
(ii) transferencia de nuevas competencias a gobiernos subnacionales que fueran aprobadas por las instancias correspondientes;
(iii) apoyo a la reorganización de los servicios en las regiones para adecuarlos al proceso de transferencia de competencias a los gobiernos subnacionales; y
(iv) apoyo al fortalecimiento de mecanismos e instancias intergubernamentales de monitoreo del ejercicio de competencias.

3.3. El primer grupo de actividades apoya la solución de problemas vinculados a reformas de la normativa que están afectando la gestión de los Gobiernos Regionales en el desarrollo de sus competencias. Para ésto se prevé:
(i) la realización de estudios y análisis de cambios normativos e institucionales;
(ii) la elaboración de textos legales para su posible tramitación como proyectos normativos; y
(iii) el apoyo a la implementación de las soluciones.

3.4. El segundo grupo de actividades incluye:
(i) apoyo al desarrollo del marco legal para la transferencia de nuevas competencias, mediante el financiamiento de actividades como diseño, análisis y debate del traspaso de competencias funcionales a los gobiernos subnacionales; estudios necesarios para la revisión de los marcos legales de los gobiernos regionales y la elaboración de los textos articulados para su tramitación como proyectos normativos y la elaboración del marco legal que habilite el traspaso de medios materiales y personales, incluyendo la normativa necesaria para el manejo de los recursos humanos, entre otros;
(ii) apoyo al fortalecimiento de capacidades en los gobiernos subnacionales para la efectiva asunción y gestión de competencias transferidas, mediante acciones tales como diagnóstico y adecuación institucional; elaboración de los proyectos de transferencia y diseño de procesos para el traspaso de competencias; apoyo a la elaboración de propuestas de convenios de transferencia y negociación de los mismos; formación de cuadros políticos y técnicos en requerimientos relativos al ejercicio de las nuevas competencias; desarrollo de métodos de trabajo y manuales de procedimientos para apoyar un eficaz desempeño de las competencias; y
(iii) apoyo al fortalecimiento de capacidades en las nuevas regiones para la efectiva asunción y gestión de competencias transferidas en materias de planificación, ordenamiento territorial e infraestructura. Las acciones de fortalecimiento se orientarán a capacitar y adecuar a los recursos humanos (RRHH) para asumir las nuevas competencias

3.4. El tercer grupo de actividades se orienta a la definición y desarrollo de mecanismos que permitan a los servicios regionales desarrollar una acción de integración con el Gobiernos Regionales.

3.5. Finalmente, el cuarto grupo incluye las siguientes acciones:
i) diseño y apoyo a la conformación de entidades y mecanismos intergubernamentales de monitoreo;
ii) realización de estudios sectoriales que permitan la evaluación de la situación en el sector y la proposición de medidas compensatorias o correctoras de carácter territorial; y
(iii) establecimiento de sistemas de información sectorial que ofrezcan una información integrada y fiable sobre el funcionamiento del sector en el conjunto del país.

ANEXO Nº 2: Personalidades que han tomado conocimiento de nuestras demandas.