sábado, 2 de junio de 2007
MALTRATO LABORAL Y PRACTICAS ANTISINDICALES EN INSTITUCIONES PUBLICAS, CONDUCTA DE LA ELITE POLÍTICA
Documento de reflexión sobre la situación laboral de los empleados públicos en Chile, para ser presentado a la Excelentísima Presidenta de la República,
Sra. Michelle Bachelet Jeria
A) MALTRATO LABORAL
Es necesario instalar, en el debate nacional, este tema que coloca la experiencia existencial del maltrato en el escenario democrático, retratando una realidad desconocida de acoso laboral a los empleados públicos, constituyéndose en un tema político sobre la calidad y profundidad de nuestra democracia.
(Oriana Zorrilla, “Cuando el Estado castiga”, 2005)
Llama poderosamente la atención el hecho que, una tras otra, las autoridades políticas designadas por el poder central, desde la recuperación de la democracia (1990) practiquen, sucesivamente, comportamientos similares a los de la dictadura, en lo que se refiere al trato laboral.
En prácticamente todos los servicios existen quejas de maltrato a los funcionarios, ejercido por personeros que exhiben espectaculares curriculums en materia de lucha contra la dictadura y que pareciera, hoy, una vez recuperada la democracia, que todo ese esfuerzo desplegado por ellos estuvo destinado, simplemente a arrebatar el lugar de los dictadores y, así, ocupar sus puestos, no para aplicar justicia en igualdad, ni trato digno y democrático sino que para continuar con las mismas prácticas. Y lo hacen con una actitud que muchas veces frisa la hipocresía. Ello, porque es más fácil la denuncia de las brutales violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que reconocer el abuso y el maltrato laboral del Estado, en esta democracia, abuso y maltrato que tienen su génesis en la conducta de la élite política la que ha hecho suyas las prácticas de nepotismo, de clientismo y de cleptocracia, lo que se traduce, simplemente, en maltrato laboral.
Nepotismo es la exagerada preferencia que algunos dan a sus parientes y cercanos en privilegios y empleos públicos.
Clientismo es un estilo de comportamiento de la autoridad poderosa que privilegia la protección y el amparo hacia quienes se entregan a ellos, a cambio de sus servicios y de su sumisión.
Cleptocracia es un término griego compuesto de dos palabras: ladrón y mando (“mando de los ladrones”), que es una forma de gobierno conocida desde la antigüedad y que alude al elevado grado de descomposición que afecta no sólo a la administración del Estado sino que a todo un país.
Miles de funcionarios públicos de Chile, de norte a sur, pueden dar testimonio de lo anterior. En cuanto a los Gobiernos Regionales, conocemos concretamente de numerosos casos. Lo lamentable es que algunos alzan la voz, pero son los menos. En general, se sufre el maltrato y se calla, por temor a mayores represalias, al despido, al acoso y al denigramiento.
La administración publica, en Chile, sufre - con el dolor físico y psicológico de muchos de sus funcionarios – de la persistencia, en nuestro país, del perverso legado dictatorial.
El gobierno pretende el bien común. Y, es aquí donde la contradicción se hace flagrante, porque no es posible imaginar, ni aceptar, maltrato laboral en la institución cuya razón de ser es, justamente, dedicarse al logro del bien común.
La herencia que nos dejó la dictadura se manifiesta, entonces, en los rasgos autoritarios de que hacen ostentación altos personajes públicos, por lo que cuesta creer, a veces, que estemos en una verdadera democracia.
B) PRACTICAS ANTISINDICALES
La primera práctica antisindical es el despido de personal, para perjudicar al sindicato o asociación gremial.
La segunda es la oferta de mejores beneficios (aumento de grado discriminatorio, por ejemplo) sólo para algunos empleados, produciendo descontento en el resto y logrando que él (la) favorecido(a) adopte comportamientos antigremiales.
Luego vienen otras actitudes antisindicales, como:
a) las amenazas (“no te olvides que tu contrata expira el 31 de diciembre..., después veremos qué pasa contigo”). Aparece, entonces, el factor miedo, que está bastante generalizado, lo cual es una señal muy negativa para cualquier proceso modernizador del Estado.
b) el hostigamiento, el cual se enfoca, con particular énfasis, en los dirigentes gremiales. Es común la práctica del cambio de funciones de los dirigentes, con la finalidad de ejercer, sobre ellos, una presión psicológica que los incite a renunciar a la dirigencia y al empleo.
c) el aislamiento de los dirigentes y de las asociaciones gremiales en decisiones corporativas que afectan directamente, como personas y como funcionarios, a las bases, excluyendo e ignorando a la dirigencia de las conversaciones y mesas de trabajo donde, por derecho propio, deberían participar en la defensa de sus miembros.
d) la negativa injustificada de recibir a los dirigentes gremiales.
e) la práctica de entorpecer o impedir la libertad de opinión de los miembros del gremio.
PROPUESTA
El Gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachellet debería poner en marcha una mesa de trabajo en la que deberían participar, por regiones, Intendente, Gobernadores, Seremis y Jefes de Servicios, conjuntamente con los dirigentes de las asociaciones gremiales de cada estamento, destinada a la elaboración de un nuevo Código de Buenas Prácticas Laborales Amplio el cual, a diferencia del primero, no se limite al tema género, sino que abarque todo el espectro de las relaciones laborales, poniendo mayor énfasis en lo aquí tratado, es decir, en el maltrato laboral y las prácticas antisindicales.
A dichas mesas de trabajo (15) se les podría otorgar un plazo de 3 meses para presentar, a la Presidenta, una propuesta por Región.
La Presidenta, a su vez, recibidas las 15 propuestas, podría tratarlas en su reunión mensual de Intendentes, o bien con su Consejo de Ministros, o con el estamento que ella considere más adecuado, a la cual se invitaría a la directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Gobiernos Regionales (FENAFGORE), instancia que materializaría el documento final.
Rubén D. Loyer L.
45) 208646
09-8181712
Sra. Michelle Bachelet Jeria
A) MALTRATO LABORAL
Es necesario instalar, en el debate nacional, este tema que coloca la experiencia existencial del maltrato en el escenario democrático, retratando una realidad desconocida de acoso laboral a los empleados públicos, constituyéndose en un tema político sobre la calidad y profundidad de nuestra democracia.
(Oriana Zorrilla, “Cuando el Estado castiga”, 2005)
Llama poderosamente la atención el hecho que, una tras otra, las autoridades políticas designadas por el poder central, desde la recuperación de la democracia (1990) practiquen, sucesivamente, comportamientos similares a los de la dictadura, en lo que se refiere al trato laboral.
En prácticamente todos los servicios existen quejas de maltrato a los funcionarios, ejercido por personeros que exhiben espectaculares curriculums en materia de lucha contra la dictadura y que pareciera, hoy, una vez recuperada la democracia, que todo ese esfuerzo desplegado por ellos estuvo destinado, simplemente a arrebatar el lugar de los dictadores y, así, ocupar sus puestos, no para aplicar justicia en igualdad, ni trato digno y democrático sino que para continuar con las mismas prácticas. Y lo hacen con una actitud que muchas veces frisa la hipocresía. Ello, porque es más fácil la denuncia de las brutales violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que reconocer el abuso y el maltrato laboral del Estado, en esta democracia, abuso y maltrato que tienen su génesis en la conducta de la élite política la que ha hecho suyas las prácticas de nepotismo, de clientismo y de cleptocracia, lo que se traduce, simplemente, en maltrato laboral.
Nepotismo es la exagerada preferencia que algunos dan a sus parientes y cercanos en privilegios y empleos públicos.
Clientismo es un estilo de comportamiento de la autoridad poderosa que privilegia la protección y el amparo hacia quienes se entregan a ellos, a cambio de sus servicios y de su sumisión.
Cleptocracia es un término griego compuesto de dos palabras: ladrón y mando (“mando de los ladrones”), que es una forma de gobierno conocida desde la antigüedad y que alude al elevado grado de descomposición que afecta no sólo a la administración del Estado sino que a todo un país.
Miles de funcionarios públicos de Chile, de norte a sur, pueden dar testimonio de lo anterior. En cuanto a los Gobiernos Regionales, conocemos concretamente de numerosos casos. Lo lamentable es que algunos alzan la voz, pero son los menos. En general, se sufre el maltrato y se calla, por temor a mayores represalias, al despido, al acoso y al denigramiento.
La administración publica, en Chile, sufre - con el dolor físico y psicológico de muchos de sus funcionarios – de la persistencia, en nuestro país, del perverso legado dictatorial.
El gobierno pretende el bien común. Y, es aquí donde la contradicción se hace flagrante, porque no es posible imaginar, ni aceptar, maltrato laboral en la institución cuya razón de ser es, justamente, dedicarse al logro del bien común.
La herencia que nos dejó la dictadura se manifiesta, entonces, en los rasgos autoritarios de que hacen ostentación altos personajes públicos, por lo que cuesta creer, a veces, que estemos en una verdadera democracia.
B) PRACTICAS ANTISINDICALES
La primera práctica antisindical es el despido de personal, para perjudicar al sindicato o asociación gremial.
La segunda es la oferta de mejores beneficios (aumento de grado discriminatorio, por ejemplo) sólo para algunos empleados, produciendo descontento en el resto y logrando que él (la) favorecido(a) adopte comportamientos antigremiales.
Luego vienen otras actitudes antisindicales, como:
a) las amenazas (“no te olvides que tu contrata expira el 31 de diciembre..., después veremos qué pasa contigo”). Aparece, entonces, el factor miedo, que está bastante generalizado, lo cual es una señal muy negativa para cualquier proceso modernizador del Estado.
b) el hostigamiento, el cual se enfoca, con particular énfasis, en los dirigentes gremiales. Es común la práctica del cambio de funciones de los dirigentes, con la finalidad de ejercer, sobre ellos, una presión psicológica que los incite a renunciar a la dirigencia y al empleo.
c) el aislamiento de los dirigentes y de las asociaciones gremiales en decisiones corporativas que afectan directamente, como personas y como funcionarios, a las bases, excluyendo e ignorando a la dirigencia de las conversaciones y mesas de trabajo donde, por derecho propio, deberían participar en la defensa de sus miembros.
d) la negativa injustificada de recibir a los dirigentes gremiales.
e) la práctica de entorpecer o impedir la libertad de opinión de los miembros del gremio.
PROPUESTA
El Gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachellet debería poner en marcha una mesa de trabajo en la que deberían participar, por regiones, Intendente, Gobernadores, Seremis y Jefes de Servicios, conjuntamente con los dirigentes de las asociaciones gremiales de cada estamento, destinada a la elaboración de un nuevo Código de Buenas Prácticas Laborales Amplio el cual, a diferencia del primero, no se limite al tema género, sino que abarque todo el espectro de las relaciones laborales, poniendo mayor énfasis en lo aquí tratado, es decir, en el maltrato laboral y las prácticas antisindicales.
A dichas mesas de trabajo (15) se les podría otorgar un plazo de 3 meses para presentar, a la Presidenta, una propuesta por Región.
La Presidenta, a su vez, recibidas las 15 propuestas, podría tratarlas en su reunión mensual de Intendentes, o bien con su Consejo de Ministros, o con el estamento que ella considere más adecuado, a la cual se invitaría a la directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Gobiernos Regionales (FENAFGORE), instancia que materializaría el documento final.
Rubén D. Loyer L.
45) 208646
09-8181712
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
